Desde su juventud, la carrera política del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador ha estado ligada en distintos momentos a asuntos del sector energético, sea como luchador social en los 90’s para apoyar la lucha de campesinos y pescadores afectados por actividades de Pemex o en las últimas dos décadas para defender la rectoría del Estado sobre el petróleo y demás hidrocarburos.
En las elecciones de 2006, 2012 y 2018 centró parte de su discurso en la necesidad de que el sistema energético fuese palanca de desarrollo de México y advertía de las intenciones del PAN y del PRI de poner en riesgo la rectoría del Estado sobre estos bienes de la nación.
Ante el desaseo de las elecciones de 2006 con el fantasma del fraude que benefició a Felipe Calderón, le permitió a López Obrador tener la voz completa al combatir los intentos privatizadores del sector energético y siguió por esa ruta ya con Enrique Peña Nieto, pero no corrió con la misma suerte al toparse con dos situaciones que complicaron el escenario.
Una fue la traición del PRD, partido que lo postuló pero que le dio la espalda al firmar el “Pacto por México” con el ex presidente EPN, que impulsó las llamadas reformas estructurales, entre las que iba la energética. La otra fue el infarto que sufrió AMLO en diciembre de 2013, que le impidió seguir la lucha para evitar lo que hoy nos rige y que permite la participación de la iniciativa privada en contratos de utilidad o producción compartida con el Estado en exploración y extracción de petróleo.
Ya por cuestiones pragmáticas, hacia la recta final de su campaña de 2018, Andrés Manuel cambió la promesa de eliminar la reforma energética por la de revisar los contratos y en su caso, cancelar o modificar lo que fuera en perjuicio de la nación. Como presidente, entre sus primeras acciones ha estado la lucha contra el llamado “huachicoleo” o robo de combustibles, lo que le ha valido ya varias amenazas.
Mantiene entre sus planes la construcción de una refinería en Tabasco y la rehabilitación de las seis existentes, a fin de incrementar la producción de gasolinas y dejar de depender de las importaciones, a las que no se hubiera recurrido si México hubiese invertido en su propia tecnología.
El presidente está convencido de que los gobiernos neoliberales han propiciado esa dependencia de México al desmantelar la industria energética de la nación para justificar acciones como la reforma de EPN.
De ahí ahora la embestida contra ex funcionarios de Pemex, CFE y la Secretaría de Energía por las prácticas en que han incurrido, de unirse después a empresas del ramo, a donde evidentemente llegaron con información privilegiada que les ha facilitado ganar contratos y engrosar sus cuentas bancarias.
Están pegando de gritos porque se pusieron sus nombres en la picota y como dijo el presidente López Obrador, lo que hicieron no es ilegal, pero sí es inmoral. Por eso ahora trae en la mira impulsar una especie de cláusula de no competencia como se usa en algunas empresas, para impedir el pirateo de talentos o que información confidencial a la que se haya tenido acceso se use en beneficio de la competencia.
Aunque AMLO no eche abajo la reforma energética, sí está tratando de que el gobierno federal recupere el control de los energéticos desde varios frentes, aunque se eche a más enemigos en el camino.
Hasta el próximo miércoles.
Maestra en Ciencias Sociales con especialidad en Políticas Públicas por El Colegio de Sonora y Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Sonora.
Twitter: @AlvaradoVMarce
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