Una de las razones por las que Andrés Manuel López Obrador arrasó a sus oponentes en la contienda presidencial es la esperanza que representa para poner fin a décadas de despilfarro de los priistas y panistas que han estado al frente del gobierno federal y que se han dado vida de reyes, al olvidar que estaban ahí para servir y no para servirse.
Con excepción de quienes sienten un odio irracional hacia el presidente electo, una buena parte de la población desea que ya llegue el 1 de diciembre y comiencen a desterrarse las prácticas que pervirtieron el ejercicio de gobierno, desde quienes están al frente de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, hasta quien atiende en la ventanilla de alguna oficina de gobierno cualquiera.
Hace un mes, López Obrador dio a conocer 50 lineamientos generales para el combate a la corrupción y la aplicación de una política de austeridad republicana, que derivan de los compromisos expresados en campaña y con lo que buscan sea una realidad lo que decía el presidente Benito Juárez, de que el funcionario debe aprender a vivir en la justa medianía. Les comparto el link https://bit.ly/2Nm2Z2Z
Algunos lineamientos se han ido afinando y se contemplan en dos paquetes de iniciativas de reformas del nuevo gobierno y acorde a Julio Scherer, quien será el coordinador Jurídico, el primero se relaciona con la austeridad republicana, combate a la corrupción y la impunidad, y el segundo, con el estado de bienestar.
Corrupción será delito grave
El presidente electo busca que se convierta en delitos graves el tráfico de influencias; la corrupción; la asociación entre funcionarios y particulares para cometer fraudes a la hacienda pública; el robo de combustibles y el fraude electoral y en todos estos, que las penas no permitan la libertad bajo fianza.
Andrés Manuel va por la reforma al Artículo 108 Constitucional, para que el presidente de México en funciones pueda ser juzgado por corrupción y no sólo por traición a la patria como está actualmente. Esto y su iniciativa para abolir el fuero constitucional a todos los servidores públicos han sido bien recibidos.
Se propondrá una Ley Reglamentaria al artículo 127 de la Constitución, para que ningún funcionario público pueda ganar más lo que perciba el Presidente. También en esto de los sueldos, se reducirán a la mitad los de los altos funcionarios.
Otras medidas contemplan que no podrá haber más de cinco asesores por Secretaría; sólo tendrán secretarios particulares los secretarios o equivalentes; se limitarán los viáticos al mínimo y no habrá partida para gastos médicos privados. Esto último ha levantado ámpula entre las aseguradoras y algunos burócratas, pero ya estuvo bueno de que todo esto sea con cargo al erario. ¿Que no?
Lo más reciente que ha declarado Andrés Manuel respecto al plan de austeridad es que impulsará una iniciativa de ley para implementar una política de austeridad de Estado, que comprenda los tres Poderes y a las entidades autónomas.
Pese a la resistencia inicial, la Suprema Corte también anunció recorte a su gasto, aunque el desencuentro sigue en el tema de los salarios tan elevados que se niegan a reducirse, porque en efecto, como argumentan, la Constitución en su artículo 94 establece que sus remuneraciones no pueden ser disminuidos durante su encargo.
Alguna salida legal se buscará a esto y quizá no impacte a los actuales ministros, pero sí a los próximos o si pasa como se ha especulado, que se impulsaría la extinción de la SCJN y la creación de una instancia similar que inicie bajo las nuevas reglas, entonces sí habría suelo parejo para todos. Hay que esperar.
Hasta el próximo miércoles.
Maestra en Ciencias Sociales con especialidad en Políticas Públicas por El Colegio de Sonora y Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Sonora.
Twitter: @AlvaradoVMarce
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