Andanzas
Por Marcela Alvarado
Coletazos del prinosaurio en Sonora
Este miércoles podría consumarse el intento de albazo que pretendieron a mediados de julio los legisladores del PRI con la ayuda de los del PAN -padrecistas incluidos, para efectos de intereses comunes, hoy sus aliados- en el Congreso del Estado, para acotar las atribuciones, irónicamente, del Poder Legislativo del que forman parte y cuyo encargo finaliza el 15 de septiembre.
Claro que en ante este escenario, los de Morena no están de brazos cruzados y desde el mismo martes cuando se votó el orden del día se apersonaron algunos simpatizantes en la sede del Congreso y es de esperarse que hoy que se somete al pleno el paquete de iniciativas el ambiente esté más tenso.
El dirigente estatal de Morena, Jacobo Mendoza llamó a no aprobar la reforma que consideran lesiva al equilibrio de poderes y cuestionó que no se haya dado la consulta con expertos y el proceso de reflexión y análisis que propuso la gobernadora Claudia Pavlovich cuando exhortó al Congreso a posponer el debate, a lo cual accedieron los legisladores en la sesión del 18 de julio.
Lo anterior fue en pleno periodo vacacional y luego del intercambio verbal entre simpatizantes de Morena y del PRI ese día, no se volvió a saber del asunto, ni de algún foro de consulta convocado por el Congreso para hablar sobre las propuestas que todavía no se conocen públicamente en su totalidad. Prefirieron la opacidad.
El paquete de reformas de la discordia
Morena sostiene que se quiere imponer el veto para que el Ejecutivo pase por encima del Legislativo; elevar el número de votos para aprobación de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, retirarle al Congreso la facultad de revisión de la Cuenta Pública y la de modificar el presupuesto de organismos autónomos y la de remover libremente al personal administrativo del propio Congreso, entre otras.
La diputada priista Flor Ayala dijo en el noticiero Proyecto Puente con Luis Alberto Medina que la palabra veto, como tal, no existe en las leyes ni en la Constitución, ni la federal ni la estatal, que sólo se establece que cuando una ley aprobada en el Congreso se envía al Ejecutivo, esta se devuelve con observaciones cuando se está en desacuerdo con algunas partes y el Congreso debe volver a debatirla.
Aseguró que lo que se busca es elevar a rango constitucional la atribución del Ejecutivo que ya contempla la Ley de Presupuesto y Gasto Público, por lo que toca a esa materia, porque ya existe en los artículos 56, 57 y 60 de la Constitución Política de Sonora la facultad de hacer observaciones a las leyes y decretos que aprueba el Congreso.
Veremos qué sucede este día y en qué termina también lo de la municipalización del transporte, si va con todo lo que implica a los ayuntamientos, de por sí ya golpeados a nivel financiero.