Sonora .- Trabajadores del Poder Judicial de la Federación en Hermosillo hicieron una manifestación pacífica por el rechazo a un reciente acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el cual programa evaluaciones obligatorias para todo el personal de carrera judicial.
Las pruebas, previstas para la primera quincena de diciembre, han generado un fuerte descontento entre los empleados, quienes advierten que, bajo la apariencia de un diagnóstico, el proceso oculta la intención de realizar ceses masivos.
Lidia María Inzunza Castro, secretaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, señaló que la base trabajadora está acostumbrada a la meritocracia y que el rechazo no se debe a la aplicación de los exámenes, sino a los criterios y la amenaza a la estabilidad laboral que representan.
“Es un examen de conocimiento que si lo pruebas al 100, solo vale 40. El otro 20, la opinión que emitan nuestros compañeros. El otro 20, la opinión que tengan de nosotros nuestros jefes. Entonces imagínense ahorita cómo nos sentimos de tener jefes que ahorita llegaron por elección popular, que están totalmente de alguna manera sometidos al poder ejecutivo”.
Los manifestantes denunciaron que solo el 40% de la calificación se basaría en conocimientos técnicos, mientras que el 60% restante dependería de las opiniones de terceros, como los jefes y los propios compañeros, algo que consideran meramente subjetivo.
Asimismo, mencionaron que existe desigualdad en la aplicación de esta medida, ya que mientras el personal operativo es evaluado bajo estas condiciones, los jueces y magistrados electos por voto popular están exentos.
“Si estos exámenes se nos aplican, en realidad tienen ese propósito. Ahorita dicen, no, no se alarmen, incluso salió un comunicado, creo que hoy en la mañana, del propio órgano de Administración Judicial, donde nos trata como de tranquilizar, pero insisto, sabemos leer. El órgano en ese acuerdo está emitiendo totalmente las sanciones que podemos ser acreedores en caso de no aprobar unos exámenes que están totalmente elaborados de manera subjetiva”.
El movimiento, que cuenta con el respaldo de José Miguel Islas, secretario general de la Sección 39 del Sindicato, mantiene por ahora mesas de trabajo para definir las próximas acciones.
Los trabajadores, que suman aproximadamente 900 empleados entre personal de base y de confianza en Hermosillo, enfatizan que su prioridad es defender la profesionalización y la permanencia laboral frente a lo que consideran una estrategia hostil del órgano de administración judicial.
“Las evaluaciones no están inconformes en que se profesionalicen, sino cómo están, el método que están empleando para llevar esas evaluaciones, no son para magistrados, solamente son secretarios, oficiales y actuales”.