México .- El Tren Maya, uno de los proyectos insignia de la llamada cuarta transformación, estaría siendo saboteado desde dentro del gobierno: la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) –a cargo de la verde ecologista Mariana Boy Tamborrel– mantiene abiertos los frentes contra ese sistema de transporte de pasajeros, presuntamente de forma intencional. Y es que, con tácticas dilatorias, esa instancia federal estaría retrasando la resolución de 70 expedientes de inspección, 24 de ellos relacionados con los tramos troncales.
Los 70 asuntos fueron abiertos el sexenio pasado, cuando la Procuraduría estaba a cargo de Blanca Alicia Mendoza. Para atender las observaciones derivadas de esas inspecciones, desde ese entonces se establecieron rutas de trabajo relacionadas con modificaciones directas a la construcción, o acciones de mitigación posteriores.
Dichos expedientes, además, se relacionan con denuncias hechas por opositores a la 4T, quienes sistemáticamente han usado el lawfare contra obras públicas. Entre ellos, destacan los despachos ligados al empresario Claudio X González Guajardo (Consejo Nacional de Litigio Estratégico y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad), y la organización Sélvame del Tren.
Fuentes consultadas por Contralínea aseguran que, de forma unilateral, la Procuraduría ha llegado al extremo de romper mesas de diálogo con representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional a cargo de la empresa Tren Maya, en las cuales se buscaba que se respeten los convenios ya establecidos desde el sexenio pasado para la mitigación ambiental, o llegar a nuevos criterios, con acciones específicas para atender el impacto, así como fijar tiempos para cada etapa.
Dichos convenios son una de las rutas que comúnmente aplica la Profepa para atender los impactos causados por obras públicas y privadas, como un primer paso, y con ello se suelen cerrar los expedientes de inspección. Si esos compromisos se incumplen, entonces procede a extrañamientos, y posteriormente a las sanciones. En el caso de obra pública, además de las multas económicas, se abren procedimientos de responsabilidades.
No obstante, en el tema del Tren Maya, la Procuraduría estaría amagando con saltarse esos pasos y llegar directamente a las sanciones, en consonancia con las exigencias de los grupos opositores a la 4T. Incluso, en semanas recientes, habría aprovechado un fallo judicial para revivir algunos de los asuntos, sin que el juez haya pedido exactamente que la Procuraduría hiciera nuevas inspecciones.
Al respecto, Contralínea pidió a la Profepa conocer la versión de la procuradora Boy Tamborrel, y de la subprocuradora Leticia Quiñones, pues a esta última se le atribuye haber roto algunas mesas de diálogo con los representantes de la Secretaría de la Defensa. La institución respondió que se trata de apreciaciones que no son verdaderas, porque desde la Procuraduría no se está saboteando al Tren Maya, ni se ha roto el diálogo con la Sedena. “La Profepa no está obstaculizando nada relacionado con el proyecto”.
La institución detalló que todos los viernes se realizan reuniones con la Defensa, en las que también están presentes funcionarios de Semarnat, y que en ellas se revisa el avance de las acciones de mitigación, y se trabaja interinstitucionalmente para alinear el proyecto a las normativas ambientales. Además, expuso que todo el proyecto de Tren Maya de pasajeros cuenta con el ciento por ciento de los permisos de impacto ambiental.
Consultada específicamente sobre por qué no ha cerrado los 70 expedientes de inspección, incluidos los 24 de los tramos trocales, la Profepa respondió que el plazo es de 5 años y que ese tiempo pueden permanecer abiertos los asuntos, por lo que descartó que ésta sea una dilación intencional para afectar la obra. También expuso que todos los expedientes vienen de la administración pasada: la actual gestión de Boy Tamborrel no ha abierto nuevos procedimientos administrativos de inspección.
Asimismo, la Procuraduría admitió que este asunto es de conocimiento de la presidenta Claudia Sheinbaum; ello, porque de acuerdo con fuentes consultadas por Contralínea, la primera mandataria revisa la actuación de la procuradora y subprocuradora ambientales, ante las quejas del presunto sabotaje al Tren Maya.
Este semanario también preguntó por qué la Profepa había reabierto los asuntos. La institución argumentó que el 20 de abril realizó nuevas visitas de inspección al Tren Maya porque lo había ordenado un juez, derivado de uno de los juicios de amparo contra la obra, aún vigentes. Pero acotó que estas visitas se cancelaron el 22 de abril, cuando la empresa de la Defensa que opera el Tren Maya le entregó información que se tiene que revisar.
La Procuraduría se sostuvo en su dicho, cuando se le inquirió que esa resolución judicial no incluía nuevas visitas de inspección. Y agregó que todo su trabajo es institucional, riguroso y apegado a la ley, sin atender a intereses. En el caso de las denuncias contra el Tren Maya que han metido opositores a la 4T, la Profepa afirmó que su obligación es atenderlas, sin importar quién las promueve, porque lo que se revisa es el cumplimiento de la ley, la protección al patrimonio natural y el bien común. Y que su actuar es acotado, claro y transparente.
Y reiteró que, desde el punto de vista de la Profepa, los hechos son los siguientes: no hay nuevos procedimientos administrativos; el tren de carga no tiene procedimientos ni inspecciones abiertas; la comunicación con la Defensa Nacional continúa; las inspecciones en abril se derivaron de una orden judicial; y el plazo para cerrar los expedientes es de 5 años, por lo que no hay dilación.