México .- La Fiscalía General de la República entregó al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) dos contratos que confirman que la dependencia anterior, la Procuraduría General de la República, pagó por las licencias de uso de Pegasus en 2016 y 2017.
Pegasus es el software con el que fueron espiados al menos 15 defensores de derechos humanos, legisladores y periodistas.
Esto quiere decir que la PGR lo utilizó, por lo que el INAI pidió a la Fiscalía y a la Auditoria Superior de la Federación que investiguen quiénes usaron este programa que permite obtener información detallada, así como audio y video en tiempo real, de los celulares de las víctimas.
Y también que garanticen que ya fue desinstalado de las áreas de espionaje.
“Nos hizo llegar de último momento, de última hora, que había evidencias, que había encontrado dos contratos, por un monto, uno en 2016 y otro en 2017, por un monto de 200 millones de pesos, que se suman a los 600 y tantos millones de pesos que el Estado mexicano, a través de la PGR invirtió en el 2014. Durante toda la fase de investigación, hubo una negación de la PGR a que hubiera vestigios de algo más”, señaló Javier Acuña, presidente del INAI.
El INAI encontró indicios de que funcionarios de la otrora Procuraduría General de la República (PGR) hicieron mal uso de dicho programa e incumplieron la protección de datos personales.
Al presentarse la resolución sobre el proceso de verificación de oficio que inició el 23 de noviembre pasado a la Procuraduría, dijo que dará vista al Órgano Interno de Control de la Fiscalía y a la Auditoría Superior de la Federación para que se investigue y sancione a los funcionarios involucrados en la operación del software.
El sujeto obligado se limitó a manifestar que el software ya no estaba instalado, pero debió acreditar cuándo y bajo qué orden o circunstancia se desinstaló”, asentó la resolución.
Sin embargo, precisó que durante la substanciación del procedimiento de verificación el 18 de febrero de este año se recibieron en el instituto dos contratos adicionales de 2016 y 2017, los cuales actualizaban el licenciamiento del sistema Pegasus, adquirido originalmente en 2014.
Por ello el sujeto obligado incumplió con los deberes de seguridad y el principio de responsabilidad, pues no acreditó contar con un sistema de gestión y con un documento de seguridad asociado con el tratamiento de datos personales.
Tampoco acreditó que hubiera desarrollado políticas públicas de conformidad con las disposiciones previstas en la Ley General de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, ni garantizó su cumplimiento.
En los posicionamientos sobre el tema, el comisionado presidente del Inai, Francisco Javier Acuña Llamas, dijo que en el instituto “no fuimos pasivos”.
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