México .- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas bancarias de la exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, y presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), el 4 de noviembre de 2026, según fuentes del Gobierno Federal.
Además de Taddei Zavala, la UIF bloqueó las cuentas de otras 25 personas físicas y 15 personas morales vinculadas con los señalamientos de corrupción que rodean a la exfuncionaria.
En un comunicado, la unidad informó que adoptó la medida tras identificar operaciones financieras con elementos de riesgo que ameritan revisión por parte de las autoridades competentes. “La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informa que, derivado de los análisis financieros realizados en el ámbito de sus atribuciones, se determinó la incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas de 25 personas físicas y 15 personas morales, vinculadas con proveedores electorales”, indicó.
La dependencia acotó que la incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas es una medida preventiva y precautoria de carácter administrativo, que no implica una determinación de responsabilidad definitiva. Añadió que las personas incorporadas cuentan con los mecanismos de defensa y la garantía de audiencia previstos en la legislación aplicable.
En un comunicado, la unidad informó que adoptó la medida tras identificar operaciones financieras con elementos de riesgo que ameritan revisión por parte de las autoridades competentes. “La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informa que, derivado de los análisis financieros realizados en el ámbito de sus atribuciones, se determinó la incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas de 25 personas físicas y 15 personas morales, vinculadas con proveedores electorales”, indicó.
La dependencia acotó que la incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas es una medida preventiva y precautoria de carácter administrativo, que no implica una determinación de responsabilidad definitiva. Añadió que las personas incorporadas cuentan con los mecanismos de defensa y la garantía de audiencia previstos en la legislación aplicable.