México .- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó el 10 de abril de 2026 que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) activó una ficha roja contra el exgobernador de Michoacán Silvano Aureoles Conejo, quien enfrenta dos órdenes de aprehensión por fraude y homicidio, y presuntamente huyó del país con apoyo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo explicó que la ficha roja implica la participación de autoridades migratorias e Interpol para que Aureoles Conejo pueda ser detenido en cualquier país del mundo con el que México mantenga convenios de cooperación en materia de justicia. “Entiendo que sí había ficha roja; sí había ficha roja, quiere decir que participa Migración, participa Interpol, para que en cualquier lugar del mundo donde esté, en donde haya colaboración, pueda ser detenido”, señaló la mandataria nacional. La titular del Poder Ejecutivo Federal precisó que la información disponible corresponde a la que hizo pública, el 9 de abril de 2026, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán.
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó el mismo 9 de abril que solicitó a Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), gestionar la emisión de la ficha roja y coordinar acciones con Interpol y autoridades de los países con acuerdos de extradición vigentes con México. Ramírez Bedolla detalló que Aureoles Conejo acumula dos órdenes de aprehensión: una de carácter federal, girada por la FGR por el presunto desvío de más de tres mil 600 millones de pesos en la construcción de cuarteles de la Policía Michoacán; y una de carácter local, girada por un juez penal del estado de Michoacán por los delitos de homicidio calificado, tortura y abuso de autoridad. “La primera vez que escapó de la primera orden de aprehensión federal por un fraude de 3 mil 600 millones de pesos en los cuarteles de la policía Michoacán, escapó con ayuda —esa es una de las líneas— de la delincuencia organizada”, declaró el gobernador.
La segunda orden de aprehensión se deriva de los hechos ocurridos en 2017 en la comunidad indígena de Arantepacua, municipio de Nahuatzen, donde cuatro comuneros purépechas —entre ellos un menor de edad— fueron asesinados durante un operativo de la Policía Michoacán bajo el mando de Aureoles Conejo. El fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, precisó que las investigaciones correspondientes a los días 1 y 2 de marzo de 2025 señalan que miembros del CJNG facilitaron la salida del exgobernador desde el estado de Jalisco, lo trasladaron al norte del país y, con alta probabilidad, lo condujeron al extranjero. “Dentro de las investigaciones que se tuvieron del 1º y 2 de marzo, quienes lo ayudan a salir de Jalisco fueron (miembros) de este grupo delincuencial del cártel Jalisco, y son quienes le ayudan a trasladarse al norte de México y muy probable fuera del país”, afirmó Torres Piña.
Las autoridades michoacanas y federales consideran que Aureoles Conejo se encuentra actualmente en Estados Unidos, aunque su paradero exacto permanece desconocido. Sheinbaum Pardo indicó que la orden de aprehensión girada por la FGR sigue activa. “Tiene una orden de aprehensión por la FGR y pues sigue abierta esta orden para su detención”, afirmó la presidenta de la República. El Gobierno de Michoacán subrayó que la localización y captura del exfuncionario constituye una prioridad, para lo cual se mantiene coordinación entre la fiscalía estatal, la FGR y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal.
Aureoles Conejo gobernó Michoacán entre 2015 y 2021, periodo en el que se originaron las investigaciones por el presunto desvío de recursos públicos destinados a la construcción de siete cuarteles policiales en distintos municipios de la entidad. Según las indagatorias de la FGR, la red de corrupción habría operado también durante el desempeño de Aureoles Conejo como diputado federal. El Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán le impuso, además, una inhabilitación de 11 meses como funcionario público por no presentar su declaración patrimonial en tiempo y forma.